El panorama político y judicial se agita hoy con la decisión del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, de acudir formalmente ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General. El Lider politíco radicará una denuncia penal y una queja disciplinaria contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada Artunduaga y Hollman Ibáñez Parra.
La acción judicial se fundamenta en la presunta comisión del delito de prevaricato por omisioón y faltas graves relacionadas con el régimen de inhabilidades, impedimientos y conflictos de intereses.
Los argumentos contra Álvaro Hernán Prada, según el documento que se radicará, Prada Artunduaga habría ignorado su obligación legal de declararse impedido en los procesos que buscaban revocar la inscripción de Cepeda como precandidato presidencial. Los puntos puntos clave de la denuncia incluyen:
Pleito Pendiente: Existe un proceso penal vigente en etapa de juzgamiento donde Prada es acusado de presunto soborno en actuación penal, proceso en el cual Iván Cepeda es reconocido como víctima.
Enemistad Grave: El candidato señala una confrontación judicíal directa y pública, derivada de denuncias previas por calumnia, injuría y hostigamiento político radicadas contra el magistrado.
Los Argumentos contra Hollman Ibáñez Parra
En el caso de Ibáñez Parra, la denuncia sostiene que el magistrado quebrantó la garantía de imparcialidad al no apartarse del conocimiento de la actualidad al no apartarse del conocimiento de la actuación administrativa, bajos los siguientes criterios:
Concepto Previo: Ibañez habría emitido pronunciamientos jurídicos públicos y reiterados sobre la aplicación de la Ley 1475 de 2011, fijando una postura cerrada sobre la validez de las consultas interpartidistas antes de fallar oficialmente.
Animadversión manifiesta: Se le señala de realizar declaraciones públicas estigmatizantes y difundir información falaz en contra de Cepeda y del Movimiento Político Pacto Histórico.
"Este deber no era discrecional ni dependía de una valoración subjetiva; surgía de manera automática a partir de hechos previos, objetivos y verificables", sostiene el equipo de jurídico del candidato.
Con la radicación de estas denuncias, la Fiscalía deberá determinar si existió, dolo en la actuación de los magistrados al decidir sobre un asunto del que legalmente deberían apartarse. Por su parte, la Procuraduría evaluará las posibles sanciones disciplinarias por el quebrantamiento del deber funcional y la garantía de imparcialidad en el ejercicio de sus cargos.
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