Según el ente acusador, los bienes fueron adquiridos con recursos ilícitos provenientes del anticipo de $70.000 millones que el Ministerio TIC entregó de manera irregular a los contratistas. Los inmuebles están ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño, y quedaron bajo medidas de ocupación con fines de extinción de dominio.
La acción judicial también afecta el patrimonio de los contratistas Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro y Luis Fernando Duque, así como de algunos de sus familiares. La Fiscalía sostiene que estas personas participaron en el desvío de recursos públicos destinados a un proyecto que buscaba llevar acceso a internet a más de 7.000 escuelas rurales del país.
Tomado de: https://www.elcolombiano.com/
El contrato fue adjudicado mediante el uso de pólizas de garantía falsas y a un consorcio que no contaba con la capacidad técnica para ejecutar la obra. El escándalo derivó en la renuncia de Karen Abudinen en septiembre de 2021, durante el gobierno de Iván Duque. La investigación continúa para recuperar la totalidad de los recursos públicos comprometidos en un contrato cuyo valor superaba el billón de pesos.
