Con el nuevo esquema, la asignación de recursos ya no dependerá únicamente de los incrementos anuales de la inflación, sino que incorporará variables como la calidad académica, la capacidad de investigación y la cobertura estudiantil. De esta forma, las instituciones con mayores logros en estas áreas recibirán un porcentaje adicional de financiación.
El proyecto, respaldado por el Gobierno y discutido con las universidades, se presenta como un paso hacia la modernización de la educación pública en Colombia. Sin embargo, algunos sectores advierten que el modelo podría profundizar las desigualdades, pues las universidades con menos recursos tendrían mayores dificultades para mejorar indicadores y acceder a fondos adicionales.
Tomado de: https://www.infobae.com/
La aprobación en el Senado abre la puerta a la implementación del sistema en los próximos años, aunque aún falta definir la reglamentación y los mecanismos de seguimiento. Para estudiantes y docentes, el desafío será que la reforma no solo garantice sostenibilidad financiera, sino también equidad en el acceso y calidad en la formación.
