El mercado de arriendos en Colombia sigue consolidandose como una de las principales alternativas de acceso a vivienda. De acuerdo con cifras del DANE, cerca del 40% de los hogares del país vive actualmente en arriendo, mientras que Bogotá lidera esta modalidad con un 57,4% de viviendas arrendadas.
En medio de este panorama, la Ley 820 de 2003, se mantiene como la principal norma que regula la relación entre propietarios e inquilinos, estableciendo reglas claras sobre contratos, incrementos del canon, garantías y procesos legales relacionados con desalojos y terminaciones de contrato.
Tomado de: Google.com
Entender las reglas del juego es fundamental. La Ley 820 no solo protege a las partes, sino que también promueve un mercado más transparante, algo clave en un momento donde la confianza y la información son determinantes para tomar decisiones, aseguró Lesly Posada, directora comercial de finca raíz.
La normativa establece que el canon de arrendamiento no puede superar el 1% del valor comercial no puede superar el 1% del valor comercial del inmueble y que los incrementos anuales únicamente pueden realizarse con base en el índice de precios al consumidor (IPC). Asimismo, prohibe la exigencia del depósitos arbitrarios y promueve mecanismos formales de respaldo como fiadores o pólizas.
Uno de los puntos más relevantes de la Ley es la protección jurídica del arrendatario, ya que exige procesos legales para realizar desalojos o terminaciones de contrato. Tambíen obliga a los propietarios a entregar inmuebles en condiciones adecuadas de habitabilidad.
Tomado de: Google.com
Los contratos de arrendamiento suelen pactarse por un año con renovación automática si ninguna de las partes expresa lo contrario. Además, la legislación contempla sanciones por terminaciones anticipadas sin justa causa y delimita los responsabilidades sobre mantenimiento, reparaciones y servicios públicos.
Lo que estamos viendo es que, más allá de la norma, existe una necesidad creciente de educación del usuario. Muchos conflictos en el mercado de arriendos surgen por desconocimiento, lo que abre una oportunidad para que plataformas digitales acompañen el proceso con información clara, validación de datos y herramientas que faciliten acuerdos más seguros, añadió Lesly Posada, directora comercial de Fincaraiz.
Expertos aseguran que, aunque la ley ofrece lineamientos claros, todavía existen desafíos relacionados con la informalidad en algunos sectores del mercado inmobiliario. Por ello, plataformas digitales y herramientas tecnológicas empiezan a jugar un papel clave para fortalecer la transparencia, reducir riesgos y brindar mayor seguirdad tanto a propietarioscomo a arrendatarios.
En un contexto donde cada vez más colombianos dependen del arriendo como opción de vivienda , la combinación entre regulación, información y tecnología se perfila como uno de los principales pilares para fortalecer el sector inmobiliarío del país.
