El Gobierno Nacional de Colombia prepara un decreto con el que busca limitar la inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en el exterior y repatriar una parte significativa de esos recursos al país, una medida que ya genera amplio debate económico y financiero.
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El borrador del decreto propone reducir gradualmente el límite de inversión externa de los fondos de pensiones, que hoy ronda el 49 %, hasta un máximo del 30 % en un plazo de hasta cinco años. De concretarse, entre $120 y $125 billones regresarían a Colombia, de un total aproximado de $250–$256 billones que actualmente están invertidos en mercados internacionales.
Los fondos privados administran cerca de $500 billones en total, y casi la mitad de esos recursos está fuera del país. La intención del Gobierno es que el dinero repatriado se canalice hacia proyectos productivos nacionales, como infraestructura, energía, vivienda y otros sectores estratégicos, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico interno.
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Expertos financieros han advertido que obligar a traer estos recursos podría afectar la rentabilidad del ahorro pensional, ya que implicaría vender activos internacionales bien posicionados para invertir en un mercado local con menor profundidad y menos opciones. Además, se han señalado posibles riesgos jurídicos y técnicos, y la iniciativa ha generado debate incluso dentro del propio Gobierno.
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