El convenio, suscrito el 28 de julio de 2025 por 1,3 billones de pesos, tenía como objetivo la cooperación y transferencia de conocimiento para la producción y personalización de pasaportes, documentos de viaje y etiquetas de visas. Según la demanda, la Procuraduría solicita que se restituyan las sumas pagadas dentro del contrato, junto con los intereses moratorios, por presuntas irregularidades en su celebración.
El magistrado José Élver Muñoz Barrera, ponente del caso, señaló que existen aspectos sustanciales en la demanda que requieren un análisis más profundo, pero no justifican su rechazo. Por ello, dispuso continuar con el trámite para recopilar más elementos de juicio en la siguiente etapa procesal, garantizando los principios de legalidad y debido proceso.
Tomado de: https://www.caribeafirmativo.lgbt/
La Procuraduría está representada por Marcio Melgosa Torrado, procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Con esta admisión, el caso entra en una fase clave que podría definir la validez del convenio internacional de pasaportes impulsado por el actual gobierno.
